US$ 500 millones se han gastado en el proyecto aun sin partir la construcción.
En un esperado fallo, la Tercera Sala de la Corte Suprema declaró en la tarde de este martes “inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la resolución de fecha 9 de diciembre de 2024, dictada por el Primer Tribunal Ambiental”, con lo cual se allana el camino para el proyecto minero-portuario Dominga, cuya inversión supera los US$ 3.000 millones.
Con ello, el máximo tribunal propina una dura derrota al Gobierno, dado que la acción judicial fue interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, así como por opositores a la iniciativa como Oceana, el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros y otros seis particulares.
El Ejecutivo y los detractores de la iniciativa buscaban anular la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a fines de 2024 señaló en su sentencia que la decisión del Comité de Ministros que rechazó Dominga fue “ilegal” e “infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima”.
“Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización”, dijo la titular de la iniciativa Andes Iron.
Entre los argumentos de la Corte Suprema para rechazar la casación se señala que “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.
El máximo tribunal indicó “que la resolución objetada, desde el punto de vista procesal, no reviste la naturaleza jurídica de ninguna de aquellas a cuyo respecto la ley concede el recurso de casación, puesto que, desde luego, no es una sentencia definitiva; así como tampoco una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación”.
Concurrieron al acuerdo y a la vista de la causa los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, así como los abogados integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz. No obstante, no firmaron ni Matus, por estar con feriado legal, ni Andrea Ruiz, por no encontrarse disponible su dispositivo electrónico de firma.
Desde que el yacimiento de hierro, cobre y oro fuera descubierto en 2006, ha afrontado decenas de procesos judiciales y protestas de comunidades aledañas y grupos ecologistas, pero también muestras de apoyo de quienes consideran que dará un impulso económico al sector.
Con una inversión US$ 3 mil millones, el proyecto de la minera ligada a la familia Délano Méndez generaría 30 mil puestos de trabajo en construcción, para después pasar a 1.500 en su etapa de operación. Todo, en una zona que, más allá de su riqueza natural, destaca por sus elevados índices de pobreza económica.
Tras el fallo de diciembre del Tribunal Ambiental, la titular del proyecto, Andes Iron, ya estaba tramitando los más de 700 permisos para construir la iniciativa, invirtiendo con ello unos US$ 20 millones. Cabe señalar que Andes Iron ya ha desembolsado unos US$ 500 millones en los 15 años que lleva intentando hacer esta inversión.
En ese monto se incluyen los US$ 100 millones que pagó la familia Délano Méndez a Minería Activa de LarrainVial -donde invertía la familia Piñera Morel-, que vendió Dominga en diciembre de 2010.
Andes Iron: “Histórico”
Tras la definición de la Corte Suprema, la compañía calificó el fallo como “histórico, no solo para la empresa, sino también para el país y su institucionalidad ambiental”, debido a que “Dominga es el proyecto con la tramitación más extensa en los 30 años de existencia del SEIA, convirtiéndose en un verdadero ícono de la permisología y la judicialización”.
Andes Iron sostuvo que con este dictamen se pone fin a 12 años de trámites y litigios, “despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga”.
El gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de la compañía, Francisco Villalón, declaró que “este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”.
La compañía destacó que, en el ámbito judicial, solo queda pendiente una discusión, que es de carácter procesal, radicada en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y relativa al cumplimiento incidental del último fallo del Primer Tribunal Ambiental.
“Los intentos judiciales presentados en los últimos meses para frenar el proyecto fueron rechazados en todas las instancias, lo que reafirma la solidez de la aprobación ambiental de Dominga”, escribió Andes Iron en un comunicado.
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