La espera terminó. A días de materializarse un alza promedio nacional en las cuentas de electricidad que estará en torno al 4,9% (considerando el ajuste por generación y el cargo por transmisión) -ratificada el jueves por la Comisión Nacional de Energía (CNE)-, en la tarde de este lunes el Ejecutivo presentó el anunciado proyecto de ley que busca poner atajo a un tercer factor que configuraba una tormenta perfecta a partir del próximo mes: el inicio del cobro de la deuda con las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD).
En lo medular, la iniciativa propone empezar a pagar la deuda a partir de 2028, pero también hay otros tópicos como el subsidio eléctrico a 2027 para el 40% de los hogares más vulnerables y la posibilidad de revisión de contratos con las generadoras.
Cabe señalar que el 8 de abril, en el Congreso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indicó que la deuda en cuestión sumaba US$ 897 millones aproximadamente. Fuentes de la entidad precisaron a DF que, a este lunes, la cifra adeudada es de $ 843.749 millones, es decir, US$ 931 millones al tipo de cambio de ayer, que se ubicaba en $ 906. Así, presentado el articulado, confirman fuentes, la SEC podrá decretar la suspensión del cobro de esta deuda hasta que el texto esté plenamente tramitado.
El Gobierno puso el acelerador, ya que ingresó el proyecto de ley de “protección tarifaria eléctrica” a través de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados con urgencia de discusión inmediata, donde la tarde de este lunes se dio cuenta. De hecho, la instancia decidió reunirse este miércoles, entre 10:30 y 12:00 horas, para comenzar la discusión en general, citando a la ministra de Energía, Ximena Rincón, para presentar el texto.
4,9% subirán las tarifas por generación y transmisión desde julio
¿Qué le depara en el Congreso a la primera iniciativa legislativa del Gobierno en materia energética? Si bien el texto ha sido conversado en la etapa prelegislativa, hay cautela. Previo a presidir la comisión que acordó la primera convocatoria para analizar el texto, el diputado Cristián Tapia reconoció a DF que los asesores han protagonizado las conversaciones con el Gobierno en la elaboración del texto, pero “de repente, al final, pueden cambiar una letra chica y eso nos podría complicar. Espero que eso no suceda”. Eso sí, mostró disposición a sesionar incluso la próxima semana, que es distrital.
Mientras, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste, planteó que “postergar el pago del VAD para 2028 y que se impute al mecanismo de protección de clientes (MPC) resulta razonable; pero lo que es insuficiente es que el subsidio a las familias vulnerables -que cubre aproximadamente el 9% de la tarifa- se extienda solo hasta 2027, cuando la solicitud transversal de nuestra Comisión fue extenderlo hasta 2029”.
Provoste aseguró que insistirán en esta petición durante la tramitación legislativa y añadió que también se requiere abordar nuevas iniciativas que apunten a bajar las tarifas.
US$ 931 millones sumaba la deuda con las distribuidoras hasta este lunes.
El detalle del articulado
El proyecto de ley, de 32 páginas, está dividido en tres ejes: mitigación de impacto tarifario; regularización y certeza tarifaria; y seguridad y calidad de servicio.
Entre las materias más relevantes, el texto incorpora modificaciones para extinguir las deudas acumuladas con las firmas producto de reliquidaciones tarifarias de los últimos procesos de fijación de VAD, así como del proceso de fijación del componente generación-transporte en los sistemas medianos. Para esto, se utilizará el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET).
El financiamiento para terminar con la deuda provendrá de un nuevo componente transitorio incorporado en las tarifas, de $ 5 por kWh, que será aplicado a los clientes finales a contar de 2028 y hasta 2035, para extinguir progresivamente la deuda proveniente de la reliquidación del VAD. Esto, asumiendo que a partir de 2028 bajarían las cuentas.
El proyecto plantea la modificación del artículo sexto transitorio de la ley 21.667, extendiendo el otorgamiento del subsidio eléctrico. De esta manera, se considera un aporte de un monto adicional anual de US$ 120 millones.
Por otro lado, para enfrentar las alzas tarifarias, se incorporan modificaciones al sistema de tarificación semestral, teniendo efectos principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos donde tendrán alzas en sus tarifas de un 19% promedio por concepto de generación y transmisión eléctrica.
Un elemento relevante es que se establece la facultad “excepcional, y por una única vez” para que la CNE, previo mandato y autorización del Ministerio de Energía, pueda establecer mecanismos voluntarios que permitan modificar los contratos de suministro vigentes, con acuerdo de las contrapartes, para revisar el precio y, por ende, llegar a una rebaja del componente de energía en las cuentas de los clientes regulados.
Tal como lo adelantó Rincón la semana pasada en el Congreso, se propone regularizar los plazos de los procesos tarifarios en curso para ordenar las tarifas de distribución, estableciendo que las fórmulas tarifarias que se fijen para el cuadrienio 2024-2028 tengan vigencia hasta 2030. Así, las nuevas tarifas correspondientes al período 2030-2034 entrarán en vigor sin retraso.
En cuanto al eje de seguridad y calidad del servicio, se habilita que las empresas distribuidoras presenten planes de proyectos de inversión, previa convocatoria del Ministerio de Energía, con objetivos concretos “que permitan mejorar la calidad de servicio de los clientes”. “Estas obras serán de carácter complementario y paralelas a la remuneración por VAD”, se indica.
Por último, se propone ampliar las causales por las cuales el Ministerio de Energía puede dictar medidas preventivas para evitar situaciones de déficit de suministro.
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