Una disputa derivada de la venta de un edificio en Alonso de Córdova llevó a tribunales a Banco Consorcio y Consorcio Seguros, sociedades del holding ligado a las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés.
El conflicto dio origen a dos querellas. La primera apunta al banco y a quienes resulten responsables de participar en una operación que -según dicen los escritos legales- habría permitido enajenar el principal activo de Inmobiliaria Monroy Deco en condiciones perjudiciales para sus acreedores. La segunda se dirige contra el liquidador del proceso, Cristián Harrison, y cuestiona su actuación durante el proceso de venta, aunque esta última acción legal ha sido declarada inadmisible por el juzgado.
Ambas acciones fueron presentadas por el exfiscal de Puerto Montt, Sergio Coronado, -conocido por haber representado a la familia de Viviana Haeger- en representación de uno de los acreedores, Asesorías e Inversiones CT Capital (ligada a Ricardo Daniel Contreras Tenenbaum), sociedad que posteriormente participó en la oferta más alta por el edificio.
La tesis de los querellantes es que sociedades del Grupo Consorcio y Harrison habrían formado parte de un mismo esquema en el que, según uno de los escritos, existió “un engaño deliberado orquestado para perjudicar el patrimonio de la masa de acreedores”. La supuesta maniobra habría quedado al descubierto tras la junta de acreedores del 23 de abril de 2026.
En el caso de Consorcio, la querella fue presentada por el delito concursal de otorgamiento de ventajas indebidas, figura que sanciona el favorecimiento injustificado de alguna de las partes durante un procedimiento de liquidación. Además, Coronado pidió la ampliación para investigar eventuales delitos de asociación delictiva o criminal, lavado de activos y delitos tributarios.
US$12,2 millones es el perjuicio que acusan los querellantes.
Un proyecto premium
La historia comenzó en 2018, cuando Inmobiliaria Monroy Deco, en ese minuto vinculada a Real Assets, del argentino Agustín Palacios Bacqué -y que hoy, tras su liquidación, fue adquirida por los empresarios Pablo Letelier y Juan José Gana-, obtuvo el permiso para levantar Alonso Square, un proyecto próximo al Parque Bicentenario y Casa Costanera que combinaba departamentos y locales comerciales.
Una modificación del permiso municipal registra 12.428,53 m² de superficie edificada, distribuidos en siete pisos más uno retirado. El proyecto contemplaba 39 departamentos.
Consorcio estuvo presente desde esa primera etapa. La querella anota que el proyecto fue financiado originalmente mediante créditos de su brazo bancario.
Con el tiempo, la situación financiera de Monroy Deco se deterioró. Según la acción, tras problemas de liquidez e insolvencia informados en 2023, una compañía de seguros del mismo grupo Consorcio presentó una demanda de liquidación forzosa. El 16 de febrero de 2024 se dictó la resolución y Harrison fue designado liquidador titular.
US$1,1 MILLONES ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS OFERTAS QUE COMPETÍAN.
El presunto engaño
En medio del proceso, apareció una oferta por unos US$ 30,5 millones de Inmobiliaria Nueva El Golf SpA. Paralelamente, CT Capital, junto a Santiago East, formuló una propuesta superior, equivalente a cerca de US$ 31,6 millones.
La propuesta mayor, sin embargo, no prosperó. La acción sostiene que Banco Consorcio, como principal acreedor, habría impulsado su rechazo bajo el argumento de una supuesta inviabilidad técnica o legal. Esta firma y sus afiliadas concentraban más del 90% de los votos de la junta de acreedores.
La ampliación de la querella, además, cuestiona la forma en que se condujo la venta. Sostiene que no existió un procedimiento “abierto, público, competitivo y transparente”, sino que el proceso se desenvolvió en el ámbito privado y terminó restringido a dos alternativas.
El principal cuestionamiento apunta al financiamiento de la propuesta que finalmente se impuso. Según los escritos, sociedades relacionadas al propio Grupo Consorcio participaron en la estructura financiera de la operación, entre ellas Evoluciona y Compañía de Seguros de Vida Consorcio, mediante un mutuo endosable.
Para los querellantes, ahí existe un conflicto de interés: mientras Banco Consorcio participaba como principal acreedor en la decisión sobre las ofertas, sociedades vinculadas al mismo grupo intervenían en el financiamiento de la contraparte que terminó adquiriendo el inmueble.
Siete días después de la junta, la compraventa fue formalizada. La escritura pública fue otorgada el 30 de abril de 2026 por Harrison y las unidades quedaron inscritas el 24 de junio a nombre de una sociedad denominada Inmobiliaria Alonso SpA.
El precio fue equivalente a unos US$ 30,5 millones, cerca de US$ 1,1 millones menos que la propuesta rechazada. Coronado pide un peritaje para establecer el valor de mercado y sostiene que el perjuicio podría llegar a unos US$ 12,2 millones si se considera un valor del activo cercano a US$ 42,7 millones.
Para reconstruir la operación, la querella solicita investigar los flujos de capitales entre Banco Consorcio, Evoluciona, Compañía de Seguros de Vida Consorcio e Inmobiliaria Alonso, y tomar declaración a ejecutivos del banco sobre el rechazo de la oferta superior y la vinculación financiera con la contraparte adquirente.
El exfiscal solicita además indagar lo ocurrido después de la adquisición y apunta a una red de sociedades en la que, según los querellantes, el Grupo Consorcio y los socios vinculados al comprador actualmente explotarían “un negocio inmobiliario al 50% cada uno”.
La causa está actualmente en trámite y el Ministerio Público ha designado a César Urzúa Miranda como fiscal de la misma.
No obstante, la querella dirigida en específico contra Harrison fue declarada inadmisible. "No se advierte bajo ningún respecto, que el liquidador haya incurrido en las conductas descritas con engaño, maliciosamente, y perjudicando a unos acreedores respecto de otros, toda vez que además, actuó con la venia de los acreedores con derecho a voto, celebrándose las respectivas juntas ordinarias, en las cuales informaba y sometía a su decisión las propuestas presentadas, entre ellas, la del querellante, que fue rechazada", dijo el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los querellantes apelaron e insistieron con una ampliación de querella, lo que aún no se ha resuelto.
En tanto, Diario Financiero consultó a Consorcio para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no recibió una respuesta.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Consorcio
{{/if}}
