Finalmente y tras múltiples postergaciones, el Presidente José Antonio Kast anunció en la noche de este miércoles en su primera cadena nacional los ejes del proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, como lo bautizó.
La normativa, que será enviada al Congreso a inicios de la próxima semana, contiene bajo la lógica de reactivar el crecimiento y la inversión una rebaja del impuesto corporativo en forma gradual desde 27% a 23% al año 2029; una ventana dual de declaración repatriación de capitales; un crédito tributario a la contratación; la exención del IVA a determinadas compras de viviendas por un año; y el fin del pago de contribuciones de los inmuebles principales de los mayores de 65 años.
Desde Cerro Castillo y en un discurso que duró cerca de 20 minutos, Kast señaló que la norma busca construir “el Chile que queremos para que nuestro país vuelva a crecer” y que sea “una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos sino oportunidades y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni mal use los recursos públicos”.
Recordando el frágil estado de las finanzas públicas que heredó de la administración previa, indicó que “ese es el Estado que recibimos: gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años” y precisó que “no lo decimos para echarle la culpa a nadie”.
Por lo mismo, Kast aseguró que “no llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento. Vamos a romper con la cesantía estructural”.
Agregó que “vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo, para reconstruir todo lo bueno”.
El mandatario dividió en cinco ejes el proyecto, el que contempla -dijo- más de 40 medidas. El primero es la competitividad tributaria donde dijo que Chile tiene hoy el impuesto de Primera Categoría más alto de su historia “y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro”. El segundo es el fortalecimiento del empleo formal afirmando que “contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja”.
Luego habló del tercer eje, que es la facilitación regulatoria “para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza” indicando que los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. “Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.
El cuarto es la certeza jurídica y regulatoria; mientras que el quinto eje es la contención del gasto público.
El mandatario afirmó que “este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a tres urgencias reales, porque el crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza”.
De cara al trámite legislativo, el Presidente llamó al Congreso a aprobar la norma con urgencia porque “ningún sector puede darse el lujo de bloquearlo. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento”.
Crédito tributario
Kast oficializó que se creará un crédito tributario para incentivar el empleo formal por concepto de pago de remuneraciones que oscilen entre las 7,8 UTM ($ 545 mil mensuales) y las 12 UTM ($ 838 mil al mes).
El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 UTM. Producto de esta medida, tanto grandes empresas como las PYME verán reducidos sus costos de contratación, explicó el gobierno. Este crédito también podrá ser imputado en contra del Impuesto de Primera Categoría.
Este sistema permitirá reducir el pago mensual de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) e IVA de los empleadores, entregando un alivio impositivo que -dice La Moneda- busca liberar recursos para incentivar la contratación.
Este beneficio permitirá una “rebaja relevante” en la tributación de los contribuyentes del régimen PYME General de 12,5% a 7,8%.
Se calcula que esto beneficiará a más de 4 millones de trabajadores, de los cuales casi dos millones son empleados de empresas acogidas al régimen PYME. Según el Ejecutivo, esta iniciativa se traduce en una inyección de US$ 1.400 millones anuales para pequeñas, medianas y grandes empresas.
Reintegración del sistema
En uno de los denominados corazones del proyecto, se plantea modificar las tasas de Impuesto de Primera Categoría para las empresas del sistema semi integrado (las más grandes del país), así como para las PYME que tributan en ese régimen, llegando a 23% desde el actual 27%.
Y, tal como se planteó a los partidos oficialistas y de oposición, la tasa se rebajará gradualmente para evitar impactos sobre las finanzas públicas: 1,5 puntos en 2026, 1,5 unidades en 2028 y 1 punto para 2029.
En el caso de las PYME, se mantendrá el 12,5% entre los años comerciales 2026 y 2027 y subirá a 15% en 2028.
Kast anunció que se retomará la reintegración del sistema, permitiendo que los dueños de las empresas puedan imputar el 100% del crédito por impuesto de Primera Categoría pagado por las empresas en las que participen. Hoy, dicho crédito es de hasta 65%.
Este cambio también será gradual, volviendo a una reintegración total recién en el año tributario 2031. Dicha escala, explicó el gobierno, permitirá equilibrar la reducción inmediata de ingresos fiscales con crecimiento al mediano plazo.
Una novedad que trae el proyecto es que se creará un mecanismo para los contribuyentes que hoy utilizan el crédito de manera parcial y que busquen acoger utilidades utilizando un 100% del crédito. Esto, ya que los créditos tributarios ya registrados en la empresa que tengan obligación de restitución al Fisco seguirán teniendo dicha calidad hasta que esos créditos sean completamente asignados, a menos que se pague un impuesto sustitutivo a la obligación de restitución, de carácter transitorio, que estará vigente por 12 meses, con tasa 15% (en lugar del 35% actual) que permitirá a los contribuyentes convertir los créditos con obligación de restitución en créditos no sujetos a la obligación de restitución (o sea, como si ya tuvieran 100% de integración).
Esto permitirá al Fisco obtener una recaudación inmediata de dichos recursos, en lugar de esperar a las eventuales distribuciones de utilidades que hagan las empresas.
Vuelve el DL 600
En la cadena, Kast anunció que el proyecto repondrá un esquema similar al DL 600 que existió en Chile hace una década: “Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más”, agregó.
Donaciones y repatriación
Siguiendo con los cambios tributarios, se crea una ventana de 12 meses en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto calculado conforme a las reglas generales.
Aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado. Con esta iniciativa se logra capturar de inmediato dichos recursos, con una estimación de recaudación aproximada de $ 260 mil millones, calcula el gobierno.
Asimismo, se establece un sistema temporal de 12 meses voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados.
Este mecanismo es distinto a lo adelantado en marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de una ventana por nueve meses con una tasa de 8%.
Junto con lo anterior, se establece una tasa reducida de 7%, para quienes repatríen efectivamente sus bienes dentro de los primeros tres años desde la publicación de la ley, y los mantengan invertidos en Chile por al menos ocho años. Esta medida busca aumentar la recaudación, con una estimación de captación de recursos por una cifra aproximada de $ 300 mil millones.
Fin a contribuciones de adultos mayores
Otro de los ejes es una exención al impuesto territorial, aplicable a los propietarios de viviendas mayores de 65 años respecto de su vivienda principal.
Esto es, el inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente.
El propietario del inmueble podrá invocar esta exención solo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de dos o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal).
Esta medida tendrá un costo para las municipalidades de cerca de US$ 200 millones, por lo que el Ejecutivo se comprometió a compensar a los gobiernos locales a través de transferencias en el Fondo Común Municipal (FCM).
Junto con lo anterior, se crea una exención temporal de IVA a la venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicación de la ley, por 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley). La exención será aplicable también para bodegas y estacionamientos que se enajenen en el mismo acto.
La Moneda estima que esta medida impulsará la venta de un stock actual de 100.000 viviendas nuevas.
Cambios ambientales
Otro de los cambios relevantes es reembolso por anulación de calificación ambiental.
Actualmente, el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es sólo el inicio de una “larga trama de impugnaciones”, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que terminan por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados, explicó el gobierno.
Por ello, el proyecto propone un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial. Esta medida, explicaron, otorga una suerte de seguro, para que no se postergue la ejecución del proyecto innecesariamente y no se encarezca la inversión.
Además, y a fin de dar certeza a los titulares de permisos sectoriales, se acorta el plazo de invalidación de los permisos otorgados por parte de la misma administración que los otorgó en primer lugar, de dos años a seis meses.
Se espera beneficiar principalmente a los sectores de energía, minería, obras públicas y construcción, que son los que más empleo generan, directo e indirecto.
Mundo empresarial valora anuncios y se suma al llamado al Parlamento
Para la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, las medidas están en línea con la necesidad de reactivar la economía, en especial, las medidas orientadas a la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.
“Ambas contribuyen a mejorar la competitividad del país, equiparando condiciones con economías similares y generando incentivos concretos para la inversión. Esto impactará en empresas de distintos tamaños, entre ellas, más de 100 mil pymes y en toda la cadena productiva. Avanzar en esta materia es clave para dinamizar la actividad, fortalecer el mercado de capitales y generar más empleo”, dijo Jiménez.
Una opinión similar entregó la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien dijo que “necesitamos que el Congreso tramite este plan con sentido de urgencia. El crecimiento no es un número, es lo que permite generar oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar para las personas”.
Quien también valoró los anuncios fue el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pakomio. Desde su perspectiva, el plan incorpora medidas que apuntan a reactivar la inversión y el empleo formal.
A su juicio, avanzar en un subsidio al empleo formal puede ser una herramienta relevante, “considerando que, para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, formalizarse sigue siendo caro y complejo”.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, los anuncios “apuntan en la dirección correcta, al buscar reactivar la economía en el corto plazo, y mejorar los niveles de inversión. Ambos elementos fundamentales para volver a crecer”.
En lo que respecta a las medidas vinculadas al sector construcción y vivienda, estimó que podrían tener un impacto positivo “si contienen los elementos necesarios y si se tramita de manera rápida, entregando certezas que no afecten las decisiones de inversión ni de compra”.
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