El Informe de Finanzas Públicas correspondiente al cuarto trimestre de 2025 elaborado por la Dirección de Presupuestos ratificó un mayor déficit fiscal que el previsto en el reporte anterior: el saldo negativo efectivo, tal como se había adelantado, fue de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB); mientras el estructural saltó a 3,6% del PIB, lo más alto desde la pandemia.
De esta manera, la magnitud del déficit superó todos los pronósticos en relación al último año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, al tiempo que deja una pesada herencia para la administración entrante. En efecto, la proyección para el primer ejercicio del mandato de José Antonio Kast con una proyección de déficit fiscal estructural de 2,7%
Al cierre del año pasado, el déficit efectivo fue de $ 9.525.510 millones, considerando el cierre preliminar de ingresos efectivos y de los gastos; mientras el cíclicamente ajustado de $ 12.028.692 millones.
En el primer caso, se trata de una actualización de 1,3 puntos porcentuales más deficitaria de lo anticipado en el IFP publicado en el tercer trimestre (-2,2%), mientras en el segundo el contraste es con el 1,6% comprometido.
Ante tal resultado, el reporte de la Dipres explicó que como porcentaje del PIB, los principales factores que influyeron son los mayores ajustes cíclicos y la desviación en la proyección de recaudación de ingresos.
Estos últimos, correspondientes al Gobierno Central, alcanzaron a un 21,4% del PIB el año pasado, lo que implica un aumento de 3,5% real anual. En tanto, los tributarios crecieron 4,3%, impulsados por la recaudación minera, mientras que aquellos no tributarios disminuyeron 0,3% anual.
Desde una perspectiva histórica, dijo el IFP, los ingresos tributarios no mineros completaron su nivel más bajo desde el año 2014, excluyendo a la pandemia.
En este punto, se identificaron cuatro causas que explican tres cuartas partes de la desviación de los ingresos tributarios: menores impuestos pagados por las grandes empresas, efectos puntuales en grandes contribuyentes de PPM (Pagos Provisionales Mensuales), apreciación cambiaria y una caída en recaudación del Impuesto Adicional.
En cambio, la gran minería privada (GMP10) arrojó una expansión anual de 47,2%, debido a la implementación del Royalty minero, que implicó US$ 944 millones -US$ 790 se deben al grupo GMP10- y el alza del precio del cobre.
En este contexto, el gasto del Gobierno Central total en equivalente al 24,3% del PIB estimado para el año, el que se compara con 24,4% del año pasado, con un aumento de 3,5% real respecto de 2024. Esto implicó una variación de 3,1% del ítem corriente y 6% en el caso del capital. Sobre este último componente, la Dipres destacó que la inversión tuvo el avance de ejecución más alto desde 2019.
Un hecho destacado por el IFP fue que el crecimiento de la deuda bruta del Gobierno Central por primera vez en casi dos décadas se frena. El cierre fiscal preliminar 2025 mostró un nivel 41,7% del PIB estimado, cifra inferior al 42,4% del PIB del tercer trimestre e igual resultado que en 2024.
Dicho desempeño respondió a una combinación de mayor crecimiento del PIB nominal, contención del gasto y efectos favorables del tipo de cambio.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que “el nivel de deuda alcanzado en 2025 es fruto de una conducción financiera estratégica que no solo cumplió nuestras metas, sino que superó los escenarios proyectados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes del inicio de este gobierno".
Afirmó que "alcanzar este nivel de solvencia le significa al Estado de Chile un ahorro cercano a US$ 1.000 millones anuales en pago de intereses, recursos que hoy quedan disponibles para atender las necesidades sociales del país y no para el servicio de la deuda”.
Todo lo anterior se dio en un escenario en que el reporte asume que la expansión de la economía fue de 2,3%, es decir, por debajo del 2,5% previsto en el tercer trimestre.
Un resultado explicado por una caída del PIB minero de 1,1% frente un alza previa de 1,9%; mientras el no minero habría mejorado 2,8%, o sea, más que el 2,5% esperado.
En tanto, el gasto del Gobierno Central Total fue de $82.132.035 millones el año pasado, lo que implica un aumento de 3,5% real respecto de 2024. Esto equivale al 24,3% del PIB estimado para el año, un punto porcentual por debajo del 24,4% del Producto del año anterior y 1% menos de cuando se hizo el Presupuesto.
Martínez detalló que “el gasto primario, que excluye intereses y es el principal indicador de disciplina fiscal, se ubicó en 23% del PIB el año pasado, un nivel que no se veía hace casi una década" y destacó que "alcanzar este resultado implicó un esfuerzo significativo de un ajuste fiscal de $700 mil millones además de múltiples reasignaciones presupuestarias”.
El escenario para el nuevo año
Para 2026 el IFP contempla un crecimiento del PIB de 2,4%, por debajo del 2,5% proyectado en el IFP anterior, debido a un menor dinamismo esperado en el sector minero.
El componente no minero se ajusta levemente a la baja, hasta 2,3%, en un contexto donde la inversión crecería 5,3%, coherente con el aumento de proyectos en los sectores minero y energético.
En el marco de la regla del Balance Estructural, al realizar los ajustes cíclicos a los ingresos efectivos, para 2026 se proyecta un déficit cíclicamente ajustado equivalente a 2,7% del PIB, lo que implicaría un incumplimiento.
No obstante, se hizo notar que la administración entrante, en su primer Decreto de Política Fiscal, que debe publicar antes de los primeros 90 días corridos desde su inicio, deberá establecer su propia meta y su impacto en la trayectoria de deuda, haciendo que el cumplimiento ex post en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2027 se evalúe bajo esos nuevos parámetros.
Sobre la deuda bruta, el reporte estima que de aquí a 2030 se mantendrá por debajo del nivel prudente de 45% del PIB.
El escenario de un mayor precio del cobre persistente conlleva una trayectoria de deuda por debajo del escenario base, llegando a representar el 42,6% del PIB hacia el final del horizonte de proyección. En forma contraria, el escenario de una menor demanda interna proyectada, implica a una deuda bruta en torno al 43,9% del PIB en 2030.
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