Tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), mediante el análisis de más de 913 millones de datos correspondientes al periodo 2022-2026 en más de 500 servicios públicos, detectó situaciones que involucran recursos públicos por más de US$ 9.200 millones.
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta de la instancia, Constanza Castillo, señaló que existen distintos tipos de hallazgos: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o, incluso, hechos de relevancia penal.
El análisis del periodo 2022-2026 permitió identificar debilidades estructurales en la gestión de recursos, entre las cuales se encuentran licencias médicas sin recuperación del subsidio, recursos públicos desiertos, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, hitos contractuales incumplidos, rendiciones bajas respecto de lo paga y entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado.
Son tres hechos importantes los que reveló esta primera revisión. El primero es la deuda traspasada al nuevo gobierno, que alcanzó los US$ 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, lo que equivale a casi un 1% del PIB y donde el pago a proveedores de salud y educación se vio afectado.
“Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en traspasos presidenciales desde que se tiene registro”, señaló la subsecretaria Castillo, ya que duplicaría aproximadamente la situación detectada entre los gobiernos del Presidente Piñera y el Presidente Boric, y casi triplicaría los pagos pendientes que pasaron del gobierno de la Presidenta Bachelet al del Presidente Piñera.
Respecto a la compras públicas, se identificaron USD $3.170 millones en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde podían haberse utilizado mecanismos competitivos. De haberse aplicado estos últimos, se estima que podrían haberse generado ahorros por cerca de USD $760 millones, mediante procesos de compra más competitivos y planificados.
Sobre licencias médicas, hay cerca de US$ 150 millones pendientes de recuperación por deficiencias en la gestión de cobro.
“Estamos trabajando y llevando a cabo la tarea que nos solicitó el Presidente José Antonio Kast. Asegurar el buen uso de los recursos públicos para que éstos lleguen efectivamente a las personas”, dijo Castillo.
Investigaciones particulares
El Comité informó además la apertura de investigaciones específicas y auditorías, en cuatro organismos donde los antecedentes muestran señales particularmente relevantes, instruyendo que, en caso de confirmarse hallazgos, estos sean derivados a las instituciones competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.
Los casos que serán investigados involucran a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) del Ministerio de Educación por posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios; el Ministerio de la Mujer por uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu); el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde se detectaron graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías; y, por último, también se investigará a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencia por altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
“Estamos trabajando y llevando a cabo la tarea que nos solicitó el Presidente José Antonio Kast. Asegurar el buen uso de los recursos públicos para que éstos lleguen efectivamente a las personas. Donde existan errores, deben corregirse; donde existan debilidades estructurales, deben modernizarse; y donde existan antecedentes de irregularidades, estos serán remitidos a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, en cada uno de los casos que correspondan”, finalizó la subsecretaria Castillo.
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